En el patio del Centro Cívico, el aire olía a trámites, pero también a esperanza. Felifer Macías habló de papeles y permisos, sí, pero en realidad hablaba de pertenencia. De la seguridad que da tener un pedazo de tierra legalmente tuyo y la llave de una casa que ya no se tambalea ante la burocracia.
El nuevo programa de regularización de construcciones pequeñas promete eso: certeza. Pensado para viviendas de hasta 200 metros cuadrados y tres niveles, busca que familias con recursos limitados puedan poner en orden su patrimonio. No hay intermediarios, ni multas, ni laberintos administrativos; solo reglas claras y una ruta más corta hacia la formalidad.
El alcalde lo llamó “un programa social de apoyo”, pero en su voz se percibía algo más: la intención de construir confianza entre gobierno y ciudadanos.
Luego vino el segundo anuncio, dirigido a otro tipo de hogar: el de los policías municipales. Ellos, que viven entre los riesgos del uniforme y las exigencias de la calle, recibirán apoyos de 50 mil pesos para mejorar o equipar sus viviendas. Una primera tanda de 300 beneficiarios y la promesa de llegar a todos antes del cierre de la administración.
“Les exigimos mucho, también tenemos que respaldarlos”, dijo Macías, y su frase sonó como una disculpa convertida en política pública.
El secretario Gerardo Romero habló de trámites simplificados y croquis a mano alzada, mientras Pepe Ojeda añadió que los apoyos se asignarán según antigüedad y vulnerabilidad. Detrás de los tecnicismos, la idea es simple: que nadie, ni un ciudadano común ni un policía, tenga que sentir que su hogar es un lugar incierto.
En Querétaro, donde la certeza jurídica se mide en metros cuadrados y la gratitud se entrega en pesos, estos programas intentan recordar que el bienestar empieza, muchas veces, con tener un techo propio y la tranquilidad de saber que es legítimo.