• El gobierno estatal presentó una agenda institucional para restringir contrataciones, trámites y beneficios a quienes incumplen con obligaciones alimentarias.
Durante años, el incumplimiento de la pensión alimentaria habitó una zona gris: una mezcla de litigio familiar, desgaste judicial y abandono silencioso. Detrás de cada expediente, sin embargo, hay una constante menos jurídica que cotidiana: niñas, niños y adolescentes creciendo con una obligación incumplida.
Con esa premisa, el gobierno de Querétaro presentó una agenda estatal para fortalecer la garantía efectiva de los derechos de la niñez en materia de obligaciones alimentarias, una estrategia que intenta trasladar el problema del ámbito privado a una esfera de consecuencias públicas.
El gobernador Mauricio Kuri González atestiguó la presentación de este conjunto de líneas de acción, construido sobre ejes de control administrativo, integridad en el servicio público, cumplimiento efectivo y armonización legislativa.
La medida más inmediata fue anunciada por la oficial mayor, Linda Luz Luna Rangel: a partir del 6 de mayo quedará prohibida la contratación, dentro del Poder Ejecutivo estatal, de cualquier persona inscrita en el Registro de Deudores Alimentarios. La restricción alcanzará también a prestadores de servicios por honorarios.
La lógica institucional es sencilla: quien incumple con una obligación básica hacia sus hijos enfrentará limitaciones concretas en su relación con el aparato gubernamental.
El cerco se amplía. La Oficialía Mayor y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas trabajarán para impedir el alta de proveedores y contratistas en esa misma condición; la Secretaría de Seguridad Ciudadana gestionará la no expedición ni renovación de licencias de conducir; y las dependencias con programas sociales deberán ajustar reglas de operación bajo este compromiso.
A la par, la Secretaría de las Mujeres ofrecerá asesoría gratuita en materia de obligaciones alimentarias, mientras la Unidad de Comunicación Social impulsará campañas de difusión.
En el trasfondo aparecen los números expuestos por el senador Agustín Dorantes Lámbarri: más de 20 mil juicios por pensión alimentaria al año en Querétaro, frente a apenas 208 personas inscritas hasta abril de 2026 en el padrón de deudores alimentarios.
La distancia entre ambas cifras revela el tamaño del vacío.
La agenda presentada busca justamente eso: que la deuda alimentaria deje de ser un expediente inmóvil y empiece a traducirse en restricciones visibles. En otras palabras, que el incumplimiento ya no encuentre comodidad en la indiferencia administrativa.